Son la Constitución y el Derecho Internacional, estúpidos. Una de pena de muerte y políticos.

Coahuila de Zaragoza es una entidad federativa con las siguientes coordenadas geográficas: norte 29° 53', al sur 24° 32' de latitud norte; al este 99° 51', al oeste 103° 58' de longitud oeste. Con capital en Saltillo, tiene 38 municipios y (hasta aquí, datos sólo para sonar erudíto) es gobernada por Humberto Moreira. El susodicho sujeto es quien nos interesa para los fines de este post pues anda prolífico de ocurrencias, ya verá Ud. Debo decir que originalmente el profe Moreira iba a ser sujeto de escarnio, burla, insulto, ofensa, desdén, desprecio y más, pero el Licenciado me sugirió que no, pues no iba a parecer serio el Blog, máxime que el tema que se pretende abordar es de la más alta relevancia (naaa). En fin, la razón por la que está uno aquí dándole castigo a las teclas de la compu y probablemente por extensión torturando la mente de quienes se animen a leer lo escrito, es que la semana pasada algunes compatriotes coahuilensus se descosieron tremendas barbáridades legislativas al calor de la psicomagia-jurídico-popular de nuestro país.

El cuento empieza así. Se presentó una iniciativa signada por el ilustre Moreira para que la legislatura de Coahuila (que forma parte del constituyente permanente -¿forma parte ?- y que a su vez viene siendo como el club de industriales pero en versión ahí les van las reformas) aprobara un dictamen para reformar los artículos 14 y 22 de nuestra Carta Magna. La propuesta busca permitir la aplicación de la pena de muerte a secuestradorus que maten a sus víctimas. Aprobada la iniciativa, con 22 votos a favor y 10 en contra, en el Congreso de Coahuila (que es como la selección mexicana dirigida por Hugo Sánchez y Sven Goran Ericksson al mismo tiempo) ahora le toca viajar a la capital del país para presentarse en audiencia ante nuestres representantes popularus. El proceso de reformas a la Constitución prevé que la iniciativa de Moreira tendría que discutirse ahí y, en caso de ser aprobada por ambas cámaras, irse de gira hasta convencer a la mitad más uno de los congresos estatales. Pasando todo eso, en Coahuila se abrirían montones de cajas de "chamapain" para festejar el aporte al combate a la delincuencia y, en consecuencia, los secuestradores entrarían en pánico. Alivio... el país sería mejor.

Ya estará pensando Ud. estimade lectur, dependiendo sus preferencias ideológicas, sus voloraciones éticas y su (des)formación jurídica, (a) qué bueno que maten a esa bola de enfermes psicosociales, (b) con la policia que tenemos y la corrupción de los jueces, la de inocentes que morirán achichinados, (c) primero que los atrapen, luego vemos que les hacemos, (d) por qué chingaos estoy leyendo estas babosadas, (e) a qué hora es el juego Cruz Azul - Atlante. Si es Ud. alguna persona de la idea (d) tengo poco que ofrecerle, en el caso (e) el juego es a las 9pm. Por lo demás, aquí algunas ideas que van más allá de la discusión moral y ética sobre matar o no lo más ranflo de nuestra sociedad. A sugerencia del Licenciado... y de la licenciada también, me ciño a lo que la Consitución y el Derecho Internacional dicen (de refilón le doy un llegue a las tendenias de discusión teórica sobre las reformas constitucionales).

Primero, con todo respeto para quienes han sido víctimas de un secuestro, no me pida que piense qué pasaría si me secuestran y matan a mi hija. Porque así las cosas, si legislaramos pensándonos todos como agraviados, pa'su mecha con las penas. Pura mutilación, corte, tortura, asesinato y ahora mátale tu a un hijo. Desde ahí no'stoy mirando el tema, punto.

Segundo, seguro Moreira ya no se acuerda, pero él solito presto protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen (art. 128 const.) y en ese paquete, manque él no lo sepa, van también los tratados internacionales (art. 133). Esto sólo para decir que un mínimo conocimiento de la constitución y de los tratados es indispensable al momento de gobernar, aunque de volada se les olvida.

Tercero, no ha cumplido ni su tercer aniversario la reforma al artículo 22 constitucional para prohibir la pena de muerte (publicada en el DOF el 9 de diciembre de 2005) y este desparpajado coahuilense ya anda queriendo modificarla. Peor, apenas hace un año tres meses se publicó el decreto por el que entra en vigor el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (20 de agosto de 2007) lo que significa en castellano puro, que no podemos aplicar la pena de muerte a ninguna persona. Como siempre hay más. Nuestro país es signatario (dice el licenciado que eso significa que debe cumplir) del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte. Péle lo ojos, no tiene ni un año que nos obligamos como país a no ejecutar a ninguna persona y a tomar medidas para la abolición (¿será que Moreira confunde abolición con aplicación?).

Cuarto, dándole de manera muy general su machucadita a algunos aspectos teóricos, hay que decir lo siguiente. Desde mi perspectiva, el bloque constitucional (aunque tanta reforma sea muestra manifiesta del empeño por hacer de la Constitución un garete) da cuenta clara del perfil de modelo penal que tenemos. Ello incluye no sólo una disminución del poder inquisidor del Estado (aunque sea sólo de forma figurativa) a partir de la última reforma penal (artículo 20) sino también un sistema penitenciario basado en la idea de la reinserción de la persona delincuente a la sociedad (artículo 18) -ánimas que el Moreira se enterara que los muertos no se reisertan a la sociedad, al menos no de manera ordinaria y que la Constitución no se ocupa de la espiritismos. La mata sigue dando, pues también debe leerse en su integridad la modalidad de sanciones que prevé la Constitución, vamos, se prohiben las penas inusitadas, las trascendentales (hasta las multas excesivas) pero estaría lindo que si se permitiera la ejecución de personas.

Al mismo son, yo encuentro que en efecto existen restricciones a las reformas constitucionales en términos de armonización de ciertos principios constitucionales. El tema de las posibilidades limitadas que tiene el poder reformador constitucional se explora ya en otros países y aquí se toma de variedad. No se trata de una cláusula pétrea, pero si de lo indecidible (pidiéndole prestado a Ferrajoli) en función de la armonía de distintos valores constitucionales protegidos. Pensar en la pena de muerte le da al traste a varios de ellos (a'mas de otras consideraciones como la protección progresiva de ciertos derechos -entre ellos la vida-, la no regresión a modelos de sanción penal menos garantistas, etcétera). Será que no se preguntan ¿qué valor tienen las reformas constitucionales? ¿Cómo debe leerse e interpretarse la Constitución de forma sistemática? ¿Tampoco les dará el mínimo de curiosidad saber cuál es la relación del derecho internacional con el derecho constitucional? ¿Alguno habrá imaginado cómo se obligan los Estados ante la comunidad internacional al firmar tratados?

Quinto, en esto Moreira no va solo. Por desgracia para nuestro país, le hace coro en su desafortunada estupidez pública (ya desobedecí la sugerencia de sujetarme a los buenos modales que me hiciera el Licenciado) un tal Horacio del Bosque Dávila, quien tiene, para mala pata de los coahuilenses, el alto encargo de dirigir la junta de gobierno del Congreso de Coahuila. A'mas, ya se sumaron un par de gobernadorus del tricolor a compartir la justificación de su bestialidad diciendo que es el clamor popular (75%) el mandato para aplicar esas penas. Estoy cierto que hay más consenso en que se larguen, se bajen los sueldos, metan a un par de ellos a la cárcel, pero ahí no hay lectura del mandato popular.

Sexto, en resumen -ampliado- la chapusa de Moreira (en un harto lejano escenario de éxito) al menos pone patas pa'rriba la congruencia constitucional, hace lucir al constituyente permanente -lo que sea que signifique- como un esquizofrénico de lo peor (por acá aprueba reformas y al minuto ya quiere lo contrario), dejaría en ridículo al Senado de la República que en una misma legislatura ratifica tratados que luego contraviene, violaría el derecho internacional, generaría para el país una responsabilidad internacional (se llama violación al prinicipio pacta sunt servanda, imbéciles), muestra la ignorancia de las y los legisladores que impulsan reformas para tener normas -los Tratados Internacionales lo son- y después piden a gritos que la Constitución señalé lo opuesto.

Séptimo, pero hay algo que resalta por sobre todo de esta historia, que hace más vigente que nunca la sabiduría popular condensada en el principio "hay que ser puercos pero no trompudos". Como dicen el licenciado... y la licenciada también, una cosa es ser una sarta de ignorantes, pero otra es tener la indecencia (ellos sí) de lucrar políticamente con el dolor y el sufrimiento ajenos. Pena de muerte política a Moreira, o como dicen por ahí, ay Moreira ¡Qué pena de muerte me das!


*En aras del registro histórico, debo decir que hace algunas semanas un colega de la oficina (Diego de la Mora) mandó un mail diciendo que algo teníamos que hacer para quejarnos de la iniciativa del Partido Verde para abrir una consulta sobre la aplicación de la pena de muerte. Al Diego le recete no sólo mi insolencia sino mi inocencia, le dije: Diego, eso está tan fuera del escenario de lo posible jurídicamente que ni vale la pena abrir el debate. Me trago mis palabras. No contaba yo con la pudredumbre jurídico-política-intelectual de Moreira, el coro de enanos que la hacen de legisladorus en Coahuila y la desnutrición crónica de criterio que padece una amplia franja de nuestra clase política. Me angustié más cuando ví cómo en el programa tercer grado, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Denisse Merker, Leopoldo Gómez y Carlos Marín (con intervenciones desafortunadas pero menos escandalosas de Victor Trujillo) se justificaba la necesidad de tener ese debate nacional. Aunque mi dosis de culpa tengo, quién ve tercer grado.