Eduardo Galeano escribió en Patas Arriba "La escuela del mundo al revés" lo siguiente:
En 1986, un diputado mexicano visitó la cárcel de Cerro Hueco, en Chiapas. Allí encontró a un indio Tzotzil, que había degollado a su padre y había sido condenado a treinta años de prisión. Pero el diputado descubrió que el difunto padre llevaba tortillas y frijoles, cada mediodía, a su hijo encarcelado.
Aquel preso tzotzil había sido interrogado y juzgado en lengua castellana, que él entendía poco o nada, y con ayuda de una buena paliza había confesado ser el autor de una cosa llamada parricidio.
¿Qué le recuerda este extracto del libro de Galeano? ¿A poco no le suena a Acteal? En el noveno aniversario de la matanza, la revista Nexos presentó un par de artículos sobre la misma. Ahí, Alejandro Posadas Urtusuástegui y Hugo E. Flores se preguntan "Acteal nueve años después: ¿Los culpables?" y plantean:
El caso se presenta como una oportunidad idónea para que la Suprema Corte ejercite su facultad de atracción y revise la calidad de las sentencias penales a través de garantizar los derechos fundamentales del debido proceso. Nuestra tesis es sencilla. Hay responsables por la matanza de Acteal y deben responder por los hechos. Sin embargo, no todos los sentenciados son culpables. Una evaluación rigurosa del proceso muestra que en un sistema que se precie de un apego mínimo al principio de inocencia y a los presupuestos fundamentales del debido proceso del derecho, la evidencia existente no prueba la culpabilidad de la mayoría de los sentenciados. En este texto nos concentramos en el tratamiento a las confesiones y su relación con las testimoniales utilizadas en las sentencias que constituyen, en estricto sentido, la única evidencia relevante en el proceso.
Este análisis sigue la confesión de Lorenzo Pérez Vázquez, la cual es un eslabón (o debía haber sido) en la investigación sobre el caso de Acteal. Ésta fue realizada siete días después de ocurridos los hechos. En ella se narran detalladamente las causas y la forma en que se suscitaron. El juez, a pesar de la similitud de ésta con las otras confesiones, de la inmediatez con que fue realizada, de las veces que fue ratificada y de la consistencia con los hechos narrados por el Libro Blanco de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre Acteal, la desechó (al igual que todas las confesiones) en todas sus partes, excepto para fincar responsabilidad al confeso y a las personas partícipes que estaban procesadas.
(...)los jueces federales que tienen la responsabilidad de proveer a todo acusado de un juicio imparcial y hacer respetar el mandato constitucional de presunción de inocencia, ratifican la tesis de la PGR. Para ello echan mano de malabares “técnico legales” para desechar las confesiones en todo, excepto en cuanto a la autoincriminación(...)
Clarito me estoy recordando la voz de mi profesor de Teoría General del Proceso diciendo: "La confesión es la reina de las pruebas". Aunque no me lo recuerdo diciendo: "Y además se manipula, se inventa o se obtiene por tortura" que es bastante más próximo a la realidad. Nuestros reclusorios están retacados de personas que no tuvieron (o no están teniendo) un juicio adecuado y al afirmarlo o escucharlo ya no hay sopresa.
Así, como aproximación al derecho penal mexicano tenemos la siguiente: nuestro sistema penal funciona fatal y no se vale darse por sorprendido ni pedir que sea de otra manera. Es algo así como la normalización del absurdo o la institucionalización de la injusticia.
sábado, 15 de diciembre de 2007
viernes, 9 de noviembre de 2007
Dos males no hacen un bien. ¿Lo público es de quién?
Miguel Pulido Jiménez
Octubre 2007
A propósito de…
Estatuas derribadas, recordarán ustedes aquellas escenas difundidas por CNN mostrando a una marabunta en Irak haciendo lo propio después de la caída militar (es decir, en forma no democrática) del régimen (igualmente no-democrático) de Sadam Husseim. Obvia decir que la estatua derribada en aquella ocasión era del mismo Husseim. Pues bien, antes de que alguna persona altamente sensible se sienta ofendida por la (intuitivamente lógica) comparación que vendrá respecto al derribe de la estatua de Husseim y la del ex presidente Vicente Fox, ocurrida el sábado pasado en Boca del Río, no está por demás dejar testimonio que no es mi intención comparar a ambos personajes.
¿De que van entonces estás líneas? Van sobre las pretendidas justificaciones morales de algunos grupos para actuar de forma antidemocrática frente a hechos o sucesos que sí consideran en oposición, y desde su particular punto de vista, terriblemente antidemocráticos. Van sobre contextos idénticamente reprochables (al menos desde un punto de vista que mida con la misma vara ciertas conductas) pero que no necesariamente produce su neutralización.
Revisemos un poco lo pretérito (es decir, lo pasado). El 23 de marzo de 2003, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush declaró la guerra al gobierno de Irak acusándolo de poseer armas de destrucción masiva. Al curso de sólo 37 días y pasando por encima de la milicia iraquí como lo haría la selección brasileña sobre el otrora poderoso “albinegros” de Orizaba, Bush declaró el 1º de mayo el fin de todas las hostilidades. La alianza organizada por el presidente de los Estados Unidos (algo así como un club de Tobby recargado) argumentó siempre la posesión de armas por parte del gobierno con sede en Bagdad. Como complemento se señaló siempre que las absurdas y criminales acciones del régimen de Saddam Husseim debían terminar y que Irak transitaría una democracia.
No dudo por un minuto que las arbitrariedades y las acciones criminales debían terminar. Lo asumo como una urgencia que tendría que darse en otras latitudes del planeta. Sin embargo, forma en la que actuaron Bush, Blair y Aznar no soporta ningún examen decente de respeto al derecho internacional, a los valores democráticos, a los principios de no intervención y a las reglas básicas humanitarias para los conflictos internacionales. Las miserias del comportamiento del enemigo no justifican bajo ningún concepto la un comportamiento igualmente atrofiado.
Pues bien, no comparto, bajo ninguna circunstancia (fuera de aquellas que no cuadren en la razón) y por ningún motivo, que sea meritorio ni deseable llamar homonimámente a Vicente Fox alguna calle, camino rural, vereda o atajo a salto de mata. Menos aún, que una estatua reproduciendo su imagen altere la de por sí maltratada estética pública. No es sólo la ocupación ociosa que hizo del buen momento de transición y el costo de oportunidad que para nuestro país significó su mandato, el perverso uso del poder y la rayada que le dio a la carrocería de nuestra vida institucional, sino también (es decir, muy también) el insufrible comportamiento y la incontinencia de la que ahora es presa, y en consecuencia (en virtud de su condición de personaje público) también nuestra normalidad política.
Si me agarran desprevenido, por ahí confieso que a las barbaridades de Fox sólo le corresponden idénticas actitudes (igual de primitivas, pues). Pero lo cierto es que dos males no hacen un bien. En mi opinión, debajo de este caricaturesco episodio y alegre sabadazo para los reporteros que cubren la fuente de Boca del Río, subyacen otros problemas de alguna consideración merecida. A puro ojo de buen cubero me atrevo a decir que la sociedad veracruzana no está volcada en devoción al pan y menos al anterior presidente (le pido prestados argumentos a la teoría política y al análisis improvisado y me remito al comportamiento electoral en las pasadas elecciones federales –mitad Calderón y mitad López Obrador- y las estatales –arrasó el PRI-). De dónde pues, la idea de poner el nombre de Fox a una calle y levantar una estatua suya en el espacio público. Pues del apropiamiento que hacen las autoridades municipales (no sólo ellas) para honrar con recursos públicos a quiénes sólo ellos deben favores políticos.
En la feria de las imprudencias políticas que estamos viviendo, debemos destacar que quién más raiting tiene es el ex presidente Fox. Los políticos priistas veracruzanos que solaparon y atestiguaron como si fuera una gracia el derribe de la estatua de Fox repuntan con buen talante y se les ven maneras para competir. Pero poco se ha dicho de la imprudencia política del gobierno de Boca del Río, de la práctica antidemocrática de emplear lo público para tratar de imponer en el espacio de todos, concepciones parciales (no por nada se llaman partidos políticos). Alguna mención, aunque sea al esfuerzo debemos darle. Y a propósito de todo esto, ni está tan bonita la estatua.
Octubre 2007
A propósito de…
Estatuas derribadas, recordarán ustedes aquellas escenas difundidas por CNN mostrando a una marabunta en Irak haciendo lo propio después de la caída militar (es decir, en forma no democrática) del régimen (igualmente no-democrático) de Sadam Husseim. Obvia decir que la estatua derribada en aquella ocasión era del mismo Husseim. Pues bien, antes de que alguna persona altamente sensible se sienta ofendida por la (intuitivamente lógica) comparación que vendrá respecto al derribe de la estatua de Husseim y la del ex presidente Vicente Fox, ocurrida el sábado pasado en Boca del Río, no está por demás dejar testimonio que no es mi intención comparar a ambos personajes.
¿De que van entonces estás líneas? Van sobre las pretendidas justificaciones morales de algunos grupos para actuar de forma antidemocrática frente a hechos o sucesos que sí consideran en oposición, y desde su particular punto de vista, terriblemente antidemocráticos. Van sobre contextos idénticamente reprochables (al menos desde un punto de vista que mida con la misma vara ciertas conductas) pero que no necesariamente produce su neutralización.
Revisemos un poco lo pretérito (es decir, lo pasado). El 23 de marzo de 2003, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush declaró la guerra al gobierno de Irak acusándolo de poseer armas de destrucción masiva. Al curso de sólo 37 días y pasando por encima de la milicia iraquí como lo haría la selección brasileña sobre el otrora poderoso “albinegros” de Orizaba, Bush declaró el 1º de mayo el fin de todas las hostilidades. La alianza organizada por el presidente de los Estados Unidos (algo así como un club de Tobby recargado) argumentó siempre la posesión de armas por parte del gobierno con sede en Bagdad. Como complemento se señaló siempre que las absurdas y criminales acciones del régimen de Saddam Husseim debían terminar y que Irak transitaría una democracia.
No dudo por un minuto que las arbitrariedades y las acciones criminales debían terminar. Lo asumo como una urgencia que tendría que darse en otras latitudes del planeta. Sin embargo, forma en la que actuaron Bush, Blair y Aznar no soporta ningún examen decente de respeto al derecho internacional, a los valores democráticos, a los principios de no intervención y a las reglas básicas humanitarias para los conflictos internacionales. Las miserias del comportamiento del enemigo no justifican bajo ningún concepto la un comportamiento igualmente atrofiado.
Pues bien, no comparto, bajo ninguna circunstancia (fuera de aquellas que no cuadren en la razón) y por ningún motivo, que sea meritorio ni deseable llamar homonimámente a Vicente Fox alguna calle, camino rural, vereda o atajo a salto de mata. Menos aún, que una estatua reproduciendo su imagen altere la de por sí maltratada estética pública. No es sólo la ocupación ociosa que hizo del buen momento de transición y el costo de oportunidad que para nuestro país significó su mandato, el perverso uso del poder y la rayada que le dio a la carrocería de nuestra vida institucional, sino también (es decir, muy también) el insufrible comportamiento y la incontinencia de la que ahora es presa, y en consecuencia (en virtud de su condición de personaje público) también nuestra normalidad política.
Si me agarran desprevenido, por ahí confieso que a las barbaridades de Fox sólo le corresponden idénticas actitudes (igual de primitivas, pues). Pero lo cierto es que dos males no hacen un bien. En mi opinión, debajo de este caricaturesco episodio y alegre sabadazo para los reporteros que cubren la fuente de Boca del Río, subyacen otros problemas de alguna consideración merecida. A puro ojo de buen cubero me atrevo a decir que la sociedad veracruzana no está volcada en devoción al pan y menos al anterior presidente (le pido prestados argumentos a la teoría política y al análisis improvisado y me remito al comportamiento electoral en las pasadas elecciones federales –mitad Calderón y mitad López Obrador- y las estatales –arrasó el PRI-). De dónde pues, la idea de poner el nombre de Fox a una calle y levantar una estatua suya en el espacio público. Pues del apropiamiento que hacen las autoridades municipales (no sólo ellas) para honrar con recursos públicos a quiénes sólo ellos deben favores políticos.
En la feria de las imprudencias políticas que estamos viviendo, debemos destacar que quién más raiting tiene es el ex presidente Fox. Los políticos priistas veracruzanos que solaparon y atestiguaron como si fuera una gracia el derribe de la estatua de Fox repuntan con buen talante y se les ven maneras para competir. Pero poco se ha dicho de la imprudencia política del gobierno de Boca del Río, de la práctica antidemocrática de emplear lo público para tratar de imponer en el espacio de todos, concepciones parciales (no por nada se llaman partidos políticos). Alguna mención, aunque sea al esfuerzo debemos darle. Y a propósito de todo esto, ni está tan bonita la estatua.
martes, 9 de octubre de 2007
De la otra pobreza o como la reforma electoral enfrentó a los medios contra los senadores
Miguel Pulido Jiménez
Octubre 2007
A propósito de…
Pobreza y la danza de referencias sobre la que existe en México, por ejemplo: las cifras “optimistas” del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México que habló en su momento de la reducción de 24.2 por ciento de la población en extrema pobreza en 2000 a 17.3 por ciento en 2004; las del Banco Mundial que en 2005 sostuvo que la población rural en pobreza se redujo del 42 al 27.9%; o las del PNUD que en 2006 nos ubicaron en el lugar 53 a nivel mundial en términos de desarrollo humano, quiero hacer mención de una pobreza de la que no suele hablarse en México, la que llamo: la otra pobreza.
Que, siendo realistas, la deberíamos llamar: la otra miseria, la de pensamiento, la de criterio y la de comportamiento. De ella suelen dar muestras distintos sectores y agentes de la vida pública (y en no pocas ocasiones, también en la vida privada). Mucho suele achacársele a la clase política por su falta de estatura de miras, los altos índices de corrupción o el “burocratismo”; a la sociedad civil organizada (sector de las mal llamadas ONG’s) por nuestra poca profesionalización, una incapacidad de construir un discurso propósitivo o en su caso de denuncia sólida y bien articulada, la ausencia de liderazgos sólidos, así como un déficit de prácticas democráticas a nuestro interior (en este sector me ubico y de él compro las culpas). Qué decir de los sindicatos, de sectores no menores de las iglesias y un largo etcétera.
Pues bien, esta semana pasará a la historia como aquella en la que un considerable grupo de quienes es imposible estén más alejados de la pobreza económica (la que miden los órganos de gobierno, las financieras internacionales y los organismos multilaterales) hayan mostrado el más alto nivel de la otra miseria, de pensamiento, de criterio y de comportamiento. Me refiero al lacerante espectáculo mediático por parte de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en México al emplazar a las comisiones unidas del Senado de la República a un debate ridículo, oprobioso y lo que es peor, con argumentos insustanciales sobre el significado de la reducción del gasto de partidos políticos en medios electrónicos de comunicación.
Estaban ahí, en plena pasarela, como modelos con todo y la más escandalosa anorexia intelectual: Ferríz de Con, Alatorre, Chapoy, López Dóriga, entre otros, clamando por que no se haga daño a la democracia, por la libertad de expresión y acusando a los políticos de ser un grupúsculo que tiene secuestrado al país (quizá en el único señalamiento que tuvieron algo de razón). Resulta que hoy están alarmados, pero no lo estuvieron cuando se aprobó una serie de reformas a las leyes federales de radio y televisión, y de telecomunicaciones, de paso sea dicho, que no pudieron haber tenido mayores tintes de antidemocráticas y contrarias a las libertades de expresión y comunicación.
Pero estos cerebros no piensan solos, piensan a sueldo. Algunos de los dueños de sus criterios también estaban ahí; Azcárraga (con sus frases célebres como “van a acabar con el raiting”), Aguirre e Ibarra (los Panchos sin guitarra) y Tristán Canales (y los muchos minutos). Estos nuevos paladines de las candidaturas independientes (más de 12 años tiene el proceso de reformas a nuestra democracia electoral y jamás les molestó su ausencia), estos que hoy defienden con furia la libertad del pueblo a expresarse (sin aclarar que el pueblo se expresa en marchas, plantones y mítines, jamás en horario triple A en cadena nacional), estos a los que hoy les urge decir la verdad (y muchos de ellos callaron cuando el Sr. Presidente tronó los dedos), estos que pusieron de rodillas al Congreso para obtener canonjías en las pasadas elecciones a costa del dinero de millones de mexicanos (y que tienen el descaro de hablar de grupúsculos), éstos tuvieron la miseria de ir y mostrar el músculo de sus casas productoras, la fuerza de su presencia mediática y la ruina en términos de pluralidad informativa en la que nos tienen. La CIRT fue unida, como nunca, dijeron. Claro, siendo unos cuantos con idénticos intereses y con tan poca preocupación por el bienestar del país, no es difícil.
También es cierto que como gremio proyectan unidad de criterio al confundir lo público con lo privado. Piensan que es privado el espectro radioeléctrico, bien que la Constitución señala como público (y que la sentencia de la acción de inconstitucionalidad de junio pasado les tuvo que recordar), también que es privado el servicio que ofrecen, cuando ese carácter emana de su naturaleza y no de criterios de propiedad de la empresa que los provee. Completa la lista de confusión pretender que es de interés público que fluya dinero del erario a sus arcas (privadas) y pensar que debido a que millones de personas en México los ven y escuchan, tienen algún tipo de representación popular.
Y pensar que de la verdadera transformación del país, ésta apenas sería una insípida probadita. Ferrajoli, un teórico y filósofo del derecho constitucional de origen italiano propone como parte de su teoría que el Estado Constitucional de Derecho contempla la sujeción de los poderes fácticos al poder público. En este tenor, faltaría la incorporación de criterios claros en la asignación de la publicidad oficial (y también su reducción hasta costos razonables y con fines de estricto servicio y no de promoción de servidores públicos), un órgano regulador con capacidad seria contra los monopolios, duopolios y oligopolios y garantizar la libertad de expresión y la subsistencia de medios comunitarios, por citar algunos ejemplos. De ahí, y dejando de “cargarle la mano” a la industria de la comunicación, vendrían otros sectores. Pero no hay tanta clase política. No habrá tales cambios, pues dentro de pronto la clase política también nos mostrará su otra pobreza o lo que es peor, su otra miseria.
Octubre 2007
A propósito de…
Pobreza y la danza de referencias sobre la que existe en México, por ejemplo: las cifras “optimistas” del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México que habló en su momento de la reducción de 24.2 por ciento de la población en extrema pobreza en 2000 a 17.3 por ciento en 2004; las del Banco Mundial que en 2005 sostuvo que la población rural en pobreza se redujo del 42 al 27.9%; o las del PNUD que en 2006 nos ubicaron en el lugar 53 a nivel mundial en términos de desarrollo humano, quiero hacer mención de una pobreza de la que no suele hablarse en México, la que llamo: la otra pobreza.
Que, siendo realistas, la deberíamos llamar: la otra miseria, la de pensamiento, la de criterio y la de comportamiento. De ella suelen dar muestras distintos sectores y agentes de la vida pública (y en no pocas ocasiones, también en la vida privada). Mucho suele achacársele a la clase política por su falta de estatura de miras, los altos índices de corrupción o el “burocratismo”; a la sociedad civil organizada (sector de las mal llamadas ONG’s) por nuestra poca profesionalización, una incapacidad de construir un discurso propósitivo o en su caso de denuncia sólida y bien articulada, la ausencia de liderazgos sólidos, así como un déficit de prácticas democráticas a nuestro interior (en este sector me ubico y de él compro las culpas). Qué decir de los sindicatos, de sectores no menores de las iglesias y un largo etcétera.
Pues bien, esta semana pasará a la historia como aquella en la que un considerable grupo de quienes es imposible estén más alejados de la pobreza económica (la que miden los órganos de gobierno, las financieras internacionales y los organismos multilaterales) hayan mostrado el más alto nivel de la otra miseria, de pensamiento, de criterio y de comportamiento. Me refiero al lacerante espectáculo mediático por parte de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en México al emplazar a las comisiones unidas del Senado de la República a un debate ridículo, oprobioso y lo que es peor, con argumentos insustanciales sobre el significado de la reducción del gasto de partidos políticos en medios electrónicos de comunicación.
Estaban ahí, en plena pasarela, como modelos con todo y la más escandalosa anorexia intelectual: Ferríz de Con, Alatorre, Chapoy, López Dóriga, entre otros, clamando por que no se haga daño a la democracia, por la libertad de expresión y acusando a los políticos de ser un grupúsculo que tiene secuestrado al país (quizá en el único señalamiento que tuvieron algo de razón). Resulta que hoy están alarmados, pero no lo estuvieron cuando se aprobó una serie de reformas a las leyes federales de radio y televisión, y de telecomunicaciones, de paso sea dicho, que no pudieron haber tenido mayores tintes de antidemocráticas y contrarias a las libertades de expresión y comunicación.
Pero estos cerebros no piensan solos, piensan a sueldo. Algunos de los dueños de sus criterios también estaban ahí; Azcárraga (con sus frases célebres como “van a acabar con el raiting”), Aguirre e Ibarra (los Panchos sin guitarra) y Tristán Canales (y los muchos minutos). Estos nuevos paladines de las candidaturas independientes (más de 12 años tiene el proceso de reformas a nuestra democracia electoral y jamás les molestó su ausencia), estos que hoy defienden con furia la libertad del pueblo a expresarse (sin aclarar que el pueblo se expresa en marchas, plantones y mítines, jamás en horario triple A en cadena nacional), estos a los que hoy les urge decir la verdad (y muchos de ellos callaron cuando el Sr. Presidente tronó los dedos), estos que pusieron de rodillas al Congreso para obtener canonjías en las pasadas elecciones a costa del dinero de millones de mexicanos (y que tienen el descaro de hablar de grupúsculos), éstos tuvieron la miseria de ir y mostrar el músculo de sus casas productoras, la fuerza de su presencia mediática y la ruina en términos de pluralidad informativa en la que nos tienen. La CIRT fue unida, como nunca, dijeron. Claro, siendo unos cuantos con idénticos intereses y con tan poca preocupación por el bienestar del país, no es difícil.
También es cierto que como gremio proyectan unidad de criterio al confundir lo público con lo privado. Piensan que es privado el espectro radioeléctrico, bien que la Constitución señala como público (y que la sentencia de la acción de inconstitucionalidad de junio pasado les tuvo que recordar), también que es privado el servicio que ofrecen, cuando ese carácter emana de su naturaleza y no de criterios de propiedad de la empresa que los provee. Completa la lista de confusión pretender que es de interés público que fluya dinero del erario a sus arcas (privadas) y pensar que debido a que millones de personas en México los ven y escuchan, tienen algún tipo de representación popular.
Y pensar que de la verdadera transformación del país, ésta apenas sería una insípida probadita. Ferrajoli, un teórico y filósofo del derecho constitucional de origen italiano propone como parte de su teoría que el Estado Constitucional de Derecho contempla la sujeción de los poderes fácticos al poder público. En este tenor, faltaría la incorporación de criterios claros en la asignación de la publicidad oficial (y también su reducción hasta costos razonables y con fines de estricto servicio y no de promoción de servidores públicos), un órgano regulador con capacidad seria contra los monopolios, duopolios y oligopolios y garantizar la libertad de expresión y la subsistencia de medios comunitarios, por citar algunos ejemplos. De ahí, y dejando de “cargarle la mano” a la industria de la comunicación, vendrían otros sectores. Pero no hay tanta clase política. No habrá tales cambios, pues dentro de pronto la clase política también nos mostrará su otra pobreza o lo que es peor, su otra miseria.
miércoles, 5 de septiembre de 2007
Entre reformas andamos. ¿Se lograrán avances en transparencia?
Miguel Pulido Jiménez
Septiembre 2007
A propósito de…
reformas constitucionales y la recientemente aprobada en materia electoral, que tanto grito y sombrerazo trajo consigo, una que perdió muy pronto la cresta de la ola fue la reforma al artículo 6º constitucional, con la que se incorporó a nuestra norma suprema el derecho de acceso a la información con todas sus letras. Esta nueva redacción constitucional (dejando a un lado cualquier crítica respecto a nuestra patológica pasión por manosear la Carta Magna) guarda mucha relación con los valores democráticos supuestamente pretendidos con la reforma electoral.
Dado que la relación no es expresa, conviene revisar, aunque sea de manera muy breve, la historia del también llamado derecho a saber, para después hacer algunas referencias a un seminario que tuvo lugar en la Cd. de Puebla la semana pasada y de ahí a un par de reflexiones que la vinculan con el tema electoral. Así las cosas, fue allá por 1977 cuando en el marco de otra reforma electoral, la impulsada por Reyes Heroles, se introdujo un texto al final del artículo 6º de nuestra Constitución: el derecho a la información será garantizado por el Estado.
Esta expresión minimalista tuvo en su origen, al menos según lo narra la memoria del constituyente permanente, la intención de garantizar el acceso a los medios de comunicación de forma equitativa a todos lo partidos políticos, se trataba, se dijo, de un derecho de dimensión social, aunque en realidad no quedó claro en qué consistía. Fue el maestro Burgoa quien empezó con el desorden, a principios de los ochentas, al intentar hacer extensiva esa expresión al exigir conocer la información en poder del Estado. A través de una temeraria solicitud de información sobre la deuda externa, y posteriormente mediante un par de abigarradas y entretenidas demandas de amparo, sembró el que fue, quizá no tengo el dato exacto, el primer antecedente de un ciudadano exigiendo judicialmente conocer información gubernamental. La Corte dijo (en los ochentas del presidencialismo en decadencia) que el derecho a la información era una garantía social, no una individual, y por tanto, lo reclamado por Burgoa, en simple castellano, era una desproporción.
La historia de este derecho, y después de este antecedente, se nutrió de las vitaminas de otras experiencias judiciales. Avances aquí, nuevas definiciones allá y así llegamos a dos casos que trascendieron en su interpretación y delimitación. Uno, a raíz de los lamentables hechos ocurridos en el Vado de Aguas Blancas en los que la Corte reinterpretó el texto constitucional, señalando, en esta nueva ocasión, que aquella garantía social era en realidad una garantía individual vinculada con el derecho a la verdad y a obtener información cierta en poder del Estado. Otro, un caso en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se negaba a dar acceso a un expediente propio (es decir, de una persona a su propio expediente) en el que la Corte simplemente despejó las dudas sobre el derecho a conocer información depositada en expedientes públicos. Como mera curiosidad, ambos casos fueron conocidos por la Corte post reforma zedillista.
En este caminar, veinticinco años y muchas maromas nos llevaron hasta la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el referente más conocido en la materia, entre otras cosas por su impacto en legislaciones estaduales. El combustible ofrecido por el llamado Grupo Oaxaca es (y será) memorable en los anales de las reformas surgidas desde la sociedad civil, sobre todo entre aquellas que buscan ampliar la esfera de potestades cívicas para profundizar la democracia y hacer más republicano el ejercicio del poder. También son memorables los cabildeos de Tejado Dondé, pero en otro sentido. Total, después de la Ley de Transparencia, navegamos durante casi 5 años con un texto constitucional interpretado de manera progresiva y progresista (anuncio mis reservas) por la Corte y un conjunto de leyes secundarias que regulan este derecho. Muchas de estas resultaron leyes inefables, al grado de dar vergüenza, como ejemplo de éstas últimas está la de Veracruz (me refiero a la legislación sancionada durante el sexenio alemanista).
Así, llegamos a donde empecé: a la reforma electoral y su(s) vínculo(s) con la reforma al artículo 6º de decreto promulgatorio recién publicado el 20 de julio. Va el primero (me refiero a los vínculos entre estas dos reformas), ambas tienen en su génesis el debate que los partidos políticos dirigen para reajustar sus fuerzas pero en función del cual se pueden dar otros avances originalmente no visualizados. Es decir, no hay que dejar de lado el potencial del derecho de acceso a la información para abrir otro boquete al monopolio de los asuntos públicos que son secuestrados por grupos de poder y políticos. Por ejemplo, uno de los más destacados impulsores de la constitucionalización del derecho a saber, Alonso Lujambio, no se ha cansado de repetir que se trata de una de las más trascendentales reformas democráticas que ha vivido el país, toda vez que regresa a la ciudadanía la posibilidad de fiscalizar la actuación del Estado. De hecho, se le ha escuchado (y leído) compararla en términos de trascendencia con la reforma electoral del 96. En lo personal guardo las distancias, pero reconozco el potencial.
Segundo, comparten discusiones acaloradas sobre sus virtudes (ciertas, falsas o ambiguas) y la bonita danza de resistencias por parte de grupos afectados. Por ejemplo, al calor de la llamada “Tercera Semana de la Transparencia”, la Cd. de Puebla (24 y 25 de septiembre) fungió como escenario de un ejercicio plural y abierto para reflexionar sobre la relación entre el poder público y la ciudadanía. Comisionadas y comisionados de los llamados órganos garantes del acceso a la información (piense en el IFAI y sus equivalentes en los estados), académicos, personas de la sociedad civil organizada así como empresarios y periodistas acudieron al llamado de Josefina Buxade, Antonio Juárez y Samuel Rangel (el pleno de la Comisión de Acceso a la Información Poblana), para darse a la tarea de discutir sin tapujos y ni pudores sobre el futuro del derecho de acceso a la información frente a los retos y las resistencias sobre el tema (no haré aquí comentarios respecto a que haya sido en un estado gobernado por uno de los personajes con las formas de hacer política más putrefactas, el crédito más abollado y con la más reducida estatura política donde se dio un coloquio de la más alta frescura, propuesta y totalmente democrático. México paradójico).
Ahí, en Puebla, se escucharon historias sobre cómo los gobernadores y muchas legislaturas que funcionan como auténticos apéndices tan pronto sintieron que las leyes de transparencia resultan incomodas se dieron a la tarea de mermar sus ventajas. También, cómo el poder político arremete contra quienes deciden actuar de forma independiente y autónoma, quitando en menos tiempo del que cuesta una incipiente legislación, con prácticas o hasta con contrarreformas legislativas, el pequeño aliciente democrático recién obtenido. Los poderes fácticos, también en este tema, han mostrado su resistencia a los avances, sobre todo cuando su libertad se ve restringida para andar sobre lo público sin dar cuentas a nadie. Se mostró, por ejemplo, como usando el sofisma de los asuntos privados, empresas como Dupont o Met Mex Peñoles se resisten a informar sus emisiones contaminantes.
Tercero, estos temas demuestran que los partidos políticos dan, pero tampoco tanto. Durante dos días y en más de 5 mesas de trabajo y 3 conferencias magistrales un tema recurrente fue que la reforma al artículo 6º constitucional dejó pasar la histórica oportunidad para incorporar a los partidos políticos entre los sujetos obligados por las leyes de transparencia. De tanto escuchar no resta más que admirar la tenacidad de las y los legisladores para hacer valer la máxima de la ley posible sobre la ley deseable. A fuerza de tanta perversidad, se han ganado mi admiración. Cuarto y último, un par de preguntas quedan al aire con las reformas de gran calado ¿cumplirán a cabalidad las legislaturas estatales el mandato de armonizar sus leyes con el nuevo texto constitucional? ¿Cuánto se tardarán en encontrar las formas legales de mandar olímpicamente al olvido el espíritu constitucional?
No estaría mal que a propósito de la borrachera democrática de los partidos políticos y de la manoseada (sin transformación sustancial) que le dieron al sistema electoral se regresara al ojo del huracán la reforma al 6º y su potencial democratizador. Ambas reformas están en sintonía y empujarlas juntas sería un gran acierto.
Septiembre 2007
A propósito de…
reformas constitucionales y la recientemente aprobada en materia electoral, que tanto grito y sombrerazo trajo consigo, una que perdió muy pronto la cresta de la ola fue la reforma al artículo 6º constitucional, con la que se incorporó a nuestra norma suprema el derecho de acceso a la información con todas sus letras. Esta nueva redacción constitucional (dejando a un lado cualquier crítica respecto a nuestra patológica pasión por manosear la Carta Magna) guarda mucha relación con los valores democráticos supuestamente pretendidos con la reforma electoral.
Dado que la relación no es expresa, conviene revisar, aunque sea de manera muy breve, la historia del también llamado derecho a saber, para después hacer algunas referencias a un seminario que tuvo lugar en la Cd. de Puebla la semana pasada y de ahí a un par de reflexiones que la vinculan con el tema electoral. Así las cosas, fue allá por 1977 cuando en el marco de otra reforma electoral, la impulsada por Reyes Heroles, se introdujo un texto al final del artículo 6º de nuestra Constitución: el derecho a la información será garantizado por el Estado.
Esta expresión minimalista tuvo en su origen, al menos según lo narra la memoria del constituyente permanente, la intención de garantizar el acceso a los medios de comunicación de forma equitativa a todos lo partidos políticos, se trataba, se dijo, de un derecho de dimensión social, aunque en realidad no quedó claro en qué consistía. Fue el maestro Burgoa quien empezó con el desorden, a principios de los ochentas, al intentar hacer extensiva esa expresión al exigir conocer la información en poder del Estado. A través de una temeraria solicitud de información sobre la deuda externa, y posteriormente mediante un par de abigarradas y entretenidas demandas de amparo, sembró el que fue, quizá no tengo el dato exacto, el primer antecedente de un ciudadano exigiendo judicialmente conocer información gubernamental. La Corte dijo (en los ochentas del presidencialismo en decadencia) que el derecho a la información era una garantía social, no una individual, y por tanto, lo reclamado por Burgoa, en simple castellano, era una desproporción.
La historia de este derecho, y después de este antecedente, se nutrió de las vitaminas de otras experiencias judiciales. Avances aquí, nuevas definiciones allá y así llegamos a dos casos que trascendieron en su interpretación y delimitación. Uno, a raíz de los lamentables hechos ocurridos en el Vado de Aguas Blancas en los que la Corte reinterpretó el texto constitucional, señalando, en esta nueva ocasión, que aquella garantía social era en realidad una garantía individual vinculada con el derecho a la verdad y a obtener información cierta en poder del Estado. Otro, un caso en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se negaba a dar acceso a un expediente propio (es decir, de una persona a su propio expediente) en el que la Corte simplemente despejó las dudas sobre el derecho a conocer información depositada en expedientes públicos. Como mera curiosidad, ambos casos fueron conocidos por la Corte post reforma zedillista.
En este caminar, veinticinco años y muchas maromas nos llevaron hasta la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el referente más conocido en la materia, entre otras cosas por su impacto en legislaciones estaduales. El combustible ofrecido por el llamado Grupo Oaxaca es (y será) memorable en los anales de las reformas surgidas desde la sociedad civil, sobre todo entre aquellas que buscan ampliar la esfera de potestades cívicas para profundizar la democracia y hacer más republicano el ejercicio del poder. También son memorables los cabildeos de Tejado Dondé, pero en otro sentido. Total, después de la Ley de Transparencia, navegamos durante casi 5 años con un texto constitucional interpretado de manera progresiva y progresista (anuncio mis reservas) por la Corte y un conjunto de leyes secundarias que regulan este derecho. Muchas de estas resultaron leyes inefables, al grado de dar vergüenza, como ejemplo de éstas últimas está la de Veracruz (me refiero a la legislación sancionada durante el sexenio alemanista).
Así, llegamos a donde empecé: a la reforma electoral y su(s) vínculo(s) con la reforma al artículo 6º de decreto promulgatorio recién publicado el 20 de julio. Va el primero (me refiero a los vínculos entre estas dos reformas), ambas tienen en su génesis el debate que los partidos políticos dirigen para reajustar sus fuerzas pero en función del cual se pueden dar otros avances originalmente no visualizados. Es decir, no hay que dejar de lado el potencial del derecho de acceso a la información para abrir otro boquete al monopolio de los asuntos públicos que son secuestrados por grupos de poder y políticos. Por ejemplo, uno de los más destacados impulsores de la constitucionalización del derecho a saber, Alonso Lujambio, no se ha cansado de repetir que se trata de una de las más trascendentales reformas democráticas que ha vivido el país, toda vez que regresa a la ciudadanía la posibilidad de fiscalizar la actuación del Estado. De hecho, se le ha escuchado (y leído) compararla en términos de trascendencia con la reforma electoral del 96. En lo personal guardo las distancias, pero reconozco el potencial.
Segundo, comparten discusiones acaloradas sobre sus virtudes (ciertas, falsas o ambiguas) y la bonita danza de resistencias por parte de grupos afectados. Por ejemplo, al calor de la llamada “Tercera Semana de la Transparencia”, la Cd. de Puebla (24 y 25 de septiembre) fungió como escenario de un ejercicio plural y abierto para reflexionar sobre la relación entre el poder público y la ciudadanía. Comisionadas y comisionados de los llamados órganos garantes del acceso a la información (piense en el IFAI y sus equivalentes en los estados), académicos, personas de la sociedad civil organizada así como empresarios y periodistas acudieron al llamado de Josefina Buxade, Antonio Juárez y Samuel Rangel (el pleno de la Comisión de Acceso a la Información Poblana), para darse a la tarea de discutir sin tapujos y ni pudores sobre el futuro del derecho de acceso a la información frente a los retos y las resistencias sobre el tema (no haré aquí comentarios respecto a que haya sido en un estado gobernado por uno de los personajes con las formas de hacer política más putrefactas, el crédito más abollado y con la más reducida estatura política donde se dio un coloquio de la más alta frescura, propuesta y totalmente democrático. México paradójico).
Ahí, en Puebla, se escucharon historias sobre cómo los gobernadores y muchas legislaturas que funcionan como auténticos apéndices tan pronto sintieron que las leyes de transparencia resultan incomodas se dieron a la tarea de mermar sus ventajas. También, cómo el poder político arremete contra quienes deciden actuar de forma independiente y autónoma, quitando en menos tiempo del que cuesta una incipiente legislación, con prácticas o hasta con contrarreformas legislativas, el pequeño aliciente democrático recién obtenido. Los poderes fácticos, también en este tema, han mostrado su resistencia a los avances, sobre todo cuando su libertad se ve restringida para andar sobre lo público sin dar cuentas a nadie. Se mostró, por ejemplo, como usando el sofisma de los asuntos privados, empresas como Dupont o Met Mex Peñoles se resisten a informar sus emisiones contaminantes.
Tercero, estos temas demuestran que los partidos políticos dan, pero tampoco tanto. Durante dos días y en más de 5 mesas de trabajo y 3 conferencias magistrales un tema recurrente fue que la reforma al artículo 6º constitucional dejó pasar la histórica oportunidad para incorporar a los partidos políticos entre los sujetos obligados por las leyes de transparencia. De tanto escuchar no resta más que admirar la tenacidad de las y los legisladores para hacer valer la máxima de la ley posible sobre la ley deseable. A fuerza de tanta perversidad, se han ganado mi admiración. Cuarto y último, un par de preguntas quedan al aire con las reformas de gran calado ¿cumplirán a cabalidad las legislaturas estatales el mandato de armonizar sus leyes con el nuevo texto constitucional? ¿Cuánto se tardarán en encontrar las formas legales de mandar olímpicamente al olvido el espíritu constitucional?
No estaría mal que a propósito de la borrachera democrática de los partidos políticos y de la manoseada (sin transformación sustancial) que le dieron al sistema electoral se regresara al ojo del huracán la reforma al 6º y su potencial democratizador. Ambas reformas están en sintonía y empujarlas juntas sería un gran acierto.
jueves, 19 de julio de 2007
Elecciones locales y reforma electoral
Miguel Pulido Jiménez
Septiembre 2007
A propósito de…
Elecciones, algo queda claro después de las últimas en Veracruz, los partidos políticos (propiamente sus dirigentes, integrantes y en muchos casos simpatizantes) están imposibilitados para respetar las reglas más elementales de la vida en democracia o, por lo menos, tienen una distinguida facilidad para enrarecer el ambiente, traicionar su palabra y convertirse en una réplica de lo que censuran.
Y lo cierto es que aunque sea comprensible la pasión con la que se puede, y yo diría se debe, vivir la política, también lo es que nada justifica variaciones tan pronunciadas en el comportamiento, contradicciones en el actuar y el abandono de la civilidad electoral. Sin duda son estos vaivenes los que se han traducido en el descrédito de la clase política en su conjunto y los que han generado que las expresiones a través del voto sean cada vez menos concurridas.
Por ejemplo, el descarado uso de un lema de campaña asociado a programas sociales del gobierno del estado de Veracruz y a la publicidad oficial que se había venido desplegando en los últimos años, tiene un tufillo a partidización de la acción de gobierno (o a gobiernización de las campañas). Además, un estudio presentado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C., revela que más del 15% de la publicidad electoral del PRI correspondió a lo que se ha denominado publicidad negativa. Un dato aún más escandaloso es que más del 90% del total de las campañas negativas que se dieron en Veracruz, detectadas a través del monitoreo de medios realizado por Fundar, fue obra del PRI (ver www.fundar.org.mx ).
Con qué rapidez olvidaron Fidel Herrera y su equipo de colaboradores más cercanos la intensidad con la que reclamaron, allá en 2004, la intervención del gobierno federal a través de sutiles mensajes que hacían de los programas sociales instrumentos para la inducción del voto. Claro, aquello era “su” campaña y en aquel momento se valía denunciarlo todo: lo expreso y lo subliminal. Aunque hoy, para defender el triunfo en las urnas y lo que es una histórica recuperación del poder, hagan mutis.
Rascarle a la historia de los partidos es abrir una vitrina de contradicciones. Por ejemplo, en 2004, la alianza Fidelidad por Veracruz ganó con cerca del 36% de los votos a su favor, superando por menos de un punto porcentual al candidato del PAN; Gerardo Buganza. El propio Buganza, en septiembre de ese mismo año, afirmó que la elección en Veracruz sólo se transparentaría contando voto por voto, posición apoyada por el entonces presidente del CEN del PAN, Luis Felipe Bravo Mena. Los días pasaron y a los panistas se les olvidó la furia y la legitimidad de un contendiente a reclamar un recuento de votos (los curiosos pueden consultar, entre otras fuentes, La Nación, órgano de difusión del PAN, en donde consta literalmente el “voto por voto”). Dos años después, ese mismo instituto político acusó de caprichosos e inmorales, de no saber perder y de invitar a violar la Constitución a los perredistas, quienes tienen sus propios andares, sus propias contradicciones y suficiente cola que les pisen.
Hoy, nuevamente es el PAN quien amenaza con impugnar la elección. Es un derecho de los partidos objetar los resultados, es una obligación de las autoridades correspondientes conocer de esas impugnaciones y emitir su veredicto. No tengo la menor duda de que las elecciones no fueron limpias y tampoco la tengo de que no hay partido político que pueda lanzar la primera piedra. Eso es parte del desencanto. De llevarse la elección a los tribunales, estoy convencido que la sentencia que se emita reconocerá distintas faltas y violaciones a la ley electoral. Podrá incluso anular alguna parte del proceso por aquí, otra casilla por allá. En los casos más graves, hasta cambiará algún resultado distrital o al ganador de una alcaldía. Lo lamentable es que los partidos saben perfectamente sacar cuentas, y en su loca carrera al poder se autorizan cualquier atropello, pues la sanción siempre será menor que la recompensa de ocupar, aunque sea a costa de “algunas” irregularidades, el poder.
Así las cosas, y en este contexto, el Senado ha tenido un destacado papel en lo que parece ser una incipiente, pero muy deseable reforma electoral. Sobre ella se discute en abstracto, con pocas referencias a los recientes procesos de Baja California y Veracruz (pareciera que sólo importa la esfera federal y la pasada elección presidencial). Porque con todo y todo, hay heridas, que entre políticos, no se salan. Por eso digo que sería sano que a propósito de reformas electorales, se tomaran más en cuenta las últimas elecciones locales y no sólo el trauma federal.
Septiembre 2007
A propósito de…
Elecciones, algo queda claro después de las últimas en Veracruz, los partidos políticos (propiamente sus dirigentes, integrantes y en muchos casos simpatizantes) están imposibilitados para respetar las reglas más elementales de la vida en democracia o, por lo menos, tienen una distinguida facilidad para enrarecer el ambiente, traicionar su palabra y convertirse en una réplica de lo que censuran.
Y lo cierto es que aunque sea comprensible la pasión con la que se puede, y yo diría se debe, vivir la política, también lo es que nada justifica variaciones tan pronunciadas en el comportamiento, contradicciones en el actuar y el abandono de la civilidad electoral. Sin duda son estos vaivenes los que se han traducido en el descrédito de la clase política en su conjunto y los que han generado que las expresiones a través del voto sean cada vez menos concurridas.
Por ejemplo, el descarado uso de un lema de campaña asociado a programas sociales del gobierno del estado de Veracruz y a la publicidad oficial que se había venido desplegando en los últimos años, tiene un tufillo a partidización de la acción de gobierno (o a gobiernización de las campañas). Además, un estudio presentado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C., revela que más del 15% de la publicidad electoral del PRI correspondió a lo que se ha denominado publicidad negativa. Un dato aún más escandaloso es que más del 90% del total de las campañas negativas que se dieron en Veracruz, detectadas a través del monitoreo de medios realizado por Fundar, fue obra del PRI (ver www.fundar.org.mx ).
Con qué rapidez olvidaron Fidel Herrera y su equipo de colaboradores más cercanos la intensidad con la que reclamaron, allá en 2004, la intervención del gobierno federal a través de sutiles mensajes que hacían de los programas sociales instrumentos para la inducción del voto. Claro, aquello era “su” campaña y en aquel momento se valía denunciarlo todo: lo expreso y lo subliminal. Aunque hoy, para defender el triunfo en las urnas y lo que es una histórica recuperación del poder, hagan mutis.
Rascarle a la historia de los partidos es abrir una vitrina de contradicciones. Por ejemplo, en 2004, la alianza Fidelidad por Veracruz ganó con cerca del 36% de los votos a su favor, superando por menos de un punto porcentual al candidato del PAN; Gerardo Buganza. El propio Buganza, en septiembre de ese mismo año, afirmó que la elección en Veracruz sólo se transparentaría contando voto por voto, posición apoyada por el entonces presidente del CEN del PAN, Luis Felipe Bravo Mena. Los días pasaron y a los panistas se les olvidó la furia y la legitimidad de un contendiente a reclamar un recuento de votos (los curiosos pueden consultar, entre otras fuentes, La Nación, órgano de difusión del PAN, en donde consta literalmente el “voto por voto”). Dos años después, ese mismo instituto político acusó de caprichosos e inmorales, de no saber perder y de invitar a violar la Constitución a los perredistas, quienes tienen sus propios andares, sus propias contradicciones y suficiente cola que les pisen.
Hoy, nuevamente es el PAN quien amenaza con impugnar la elección. Es un derecho de los partidos objetar los resultados, es una obligación de las autoridades correspondientes conocer de esas impugnaciones y emitir su veredicto. No tengo la menor duda de que las elecciones no fueron limpias y tampoco la tengo de que no hay partido político que pueda lanzar la primera piedra. Eso es parte del desencanto. De llevarse la elección a los tribunales, estoy convencido que la sentencia que se emita reconocerá distintas faltas y violaciones a la ley electoral. Podrá incluso anular alguna parte del proceso por aquí, otra casilla por allá. En los casos más graves, hasta cambiará algún resultado distrital o al ganador de una alcaldía. Lo lamentable es que los partidos saben perfectamente sacar cuentas, y en su loca carrera al poder se autorizan cualquier atropello, pues la sanción siempre será menor que la recompensa de ocupar, aunque sea a costa de “algunas” irregularidades, el poder.
Así las cosas, y en este contexto, el Senado ha tenido un destacado papel en lo que parece ser una incipiente, pero muy deseable reforma electoral. Sobre ella se discute en abstracto, con pocas referencias a los recientes procesos de Baja California y Veracruz (pareciera que sólo importa la esfera federal y la pasada elección presidencial). Porque con todo y todo, hay heridas, que entre políticos, no se salan. Por eso digo que sería sano que a propósito de reformas electorales, se tomaran más en cuenta las últimas elecciones locales y no sólo el trauma federal.
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