domingo, 27 de enero de 2013

Narcotráfico, perdón, derecho y sociedad

Así, pum. De pronto el Licenciado le dio mejor forma a una ocurrencia que traía ya revoloteándole la chirimolla. "Perseguir selectivamente la violencia, despenalizar y perdón social". Todo empezó hace poco más de un año mientras leía una nota de La Jornada en la que se traían pa' cá y pa' llá el tema del narco, la rendición del Estado y el no sé cuál del quién sabe qué, a propósito de la delincuencia organizada. Luego la cosa se puso más fiera en el ánimo reflexivo del Licenciado con aquello de que les "gabach" ya andan queriendo gravar la marihuana. Mire Ud., así lo andan manejando en Argentina (aquí), así en Colombia (acá) y los mexas, de esta forma (acú).

Para que Ud., queride lectur, esté en mejores condiciones de asimilar los balbuseos intelectuales del Licenciado, se desarrollan de forma preliminar algunos disparates:

Primero, hay (como en todo el derecho) un asunto de (potencial) manejo perverso del lenguaje, así como una altísima impregnación de ideología en el discurso estatal. En nuestro país se dice: esto no puede ser legalizado bajo ninguna razón (las drogas), pero conductas y productos otrora prohibidos o no reconocidos (extralegales, ilegales o alegales) ahora sí pueden ser lícitos (transgénicos, por ejemplo). Desde la distorcionada y maltratada perspectiva del Licenciado (la Licenciada aquí si marca su distancia), el argumento es circular y no hay ninguna razón (en términos de estructura formal lógica) por la cuál no sea posible despenalizar las drogas. La falacia argumentativa cae sobre nosotros, no se puede legalizar porque es malo, es malo porque es ilegal y dado que es ilegal, así se tendrá que quedar. Sofismo puro.

Segundo, se argumenta que el asunto se resume a una ecuación concreta: la ilegalidad vs. la legalidad. Falso, por principio de cuentas, porque lo hecho el sexenio pasado (y todo parece indicar que así arrancó este) es combatir una ilegalidad (para elles muy majadera) con otras ilegalidades (para elles menores). La Constitución PROHIBE que los militares hagan tareas de seguridad pública o que sustituyan a las autoridades civiles en tiempos de paz. Como revire, se dice que la situación es tan excepcional que hay que tomar medidas igualmente excepcionales (entiéndase, violar la Constitución). Chulada ver a los militares haciendo tareas de conducción del tránsito en Cd. Juárez o en Veracruz. ¿Qué se dice además de las desapariciones forzadas? ¿Qué argumento sostiene el abuso del arraigo o la adicción a les testigues protegides? No es un tema binario (dentro o fuera de la ley), sino de persecución selectiva de la ilegalidad. De hecho, es más grave, se trata del uso discrecional de la misma (de la ilegalidad, pues) por parte de quien tendría que combatirla.

Tercero, se cruzan contradicciones maniqueas, todo en el afán de tener la razón frente a la opinión pública (lo que sea que esa cosa signifique). Esto, a su vez, se traduce en un axioma: si no estás de acuerdo con la matazón discrecional de "delincuentes", estás a favor de los narcos.

Cuarto, en su momento Calderón repitió hasta el cansancio que lo maginolocuente de su lucha era la oportunidad de emprender medidas de altísimo costo social que resultaban indispensables dado el nivel de descomposición, la perdida de control sobre ciertas regiones, la infiltración del narco en los más altos niveles de la política y otras tristes condiciones. La cosa era agarrarse a balazos con los mañosos y no traicionar la memoría de todes les que murieron combatiendo al narco. Parece que la cosa era así: como ya murieron muchos, por eso -y sólo por eso- ahora hay que seguirle. Une puede compartir el diagnóstico, la necesidad de cambios, pero ¿si la situación es tan excepcional, por qué la única medida excepcional era violar la Constitución, seguir manchando de sangre el país, poner en riesgo a la ciudadanía y aparecer de macho por el mundo?

Desahogados los argumentos de mérito en la confesional anterior, resulta que en un ataque de imprudencia, el Licenciado quiere hacer públicas tres ocurrencias -precandidatas a ideas- que tienen un tufo de autoinculpatorias que ¡ah jijo! También en esto la Licenciada ha guardado distancia, a causa del prestigio que quiere proteger.

Aquí nuestra blasfemia trilógica (persecución selectiva, despenalización y perdón social), expresada en piel de pliego petitorio:

UNO: claridad, ¡por favor! Un poco de claridad en lo que queremos combatir no le haría daño a nadie. Del narco, lo que más nos fastidia es el conjunto de externalidades negativas asociadas a la conducta principal de la compra y venta de droga. Es decir, la corrupción que genera en autoridades y agentes públicos involucrados en tareas de aduanas, control del tráfico de mercancías, aeropuertos, prevención, etc. (y esto deviene del poder que da una sustancia altamente cotizada en el mercado negro de la economía más poderosa del mundo).

Otra externalidad gacha es la necesidad operativa de los cárteles y grupos de delincuencia organizada de tener montones de armas y sicarios para poder controlar territorios y realizar sus tareas mercantiles -ilegales, pero mercantiles-. Es decir, da igual si lo que trafican son melones o chinicuiles, cuando para su circulación, operación y el aseguramiento frente a otros grupos armados -ya estatales o de la delincuencia organizada- el narco requiere armas y matones. O sea que lo que más, más enchila son las muertes y la violencia que tiene el método -también ilegal- de solución de controversias entre grupos criminales.

¿Cuál es el punto, dirá Ud., estimadísime lectur? Primero, que no es la "simple" ilegalidad lo que la sociedad censura, sino la violencia. Lo que el Licenciado se pregunta es qué le encargamos al derecho penal y a la persecución represiva del Estado (que atraviesa el uso de la violencia estatal), pero, sobre todo... a cambio de qué. Dónde está la evidencia de los costos en salud, por ejemplo, que nos permita identificar cuál es el bien superior que estamos protegiendo a cambio de crear un caldo de cultivo para la violencia.

La cosa no es utilitariasta (¡¡te odiamos Bentham, te odiamos!!) pero ya de menos que alguien demuestre que la lucha contra el narcotráfico ha salvado más vidas que las muertes que ha ocasionado o que los gastos en salud pública evitados por el retiro de cierta cantidad de droga del mercado son más altos que el dinero invertido en la guerra fallida. O que después de la cruzada para limpiar las instituciones, estas no fueron infiltradas a mayor escala.

DOS: consistencia, ¡¡por favor!! Un poco de consistencia en el discurso, mezclada con la claridad antes descrita daría elementos más atendibles o menos despreciables de la posición de les "prohibicionistas excluyentes" (término con licencia comunitarista, titularidad del Licenciado). Un ejemplo. Durante 2010 y 2011, los militares pidieron reformar la Constitución para permitirles hacer tareas de seguridad pública, mantener el fuero de guerra -aún en tiempos de paz- y un régimen especial que entienda que las violaciones a los derechos humanos son parte del costo que hay que pagar por esta lucha. La posición era muy sencilla, para no seguir violando la Ley, mejor modifíquenla. El Licenciado propone lo mismo, pero en otro sentido: DESPENALICEN.

Y esto si que urge discutirlo seriamente, ya. No vaya a ser que dentro de pronto, personas que allá en gringolandia sean honorablus contribuyentus del fisco, acá sean tratades como escoria social.

TERCERO (y el realmente novedoso): revisión del paradigma de persecución y castigo. Agárrese bien queride y bien nacide lectur. Lo que el Licenciado considera es que si atendemos al diagnóstico y es un hecho que la situación es una auténtica romería y que tenemos que vivir en estas situaciones en las que el curso de la normalidad está tan alteradísisimo, es tiempo de que nos planteemos para qué queremos el castigo penal de los narcotraficantes.

¿Somos retribucionistas? ¿Es el castigo por el castigo? Vale la pena preguntarse si una extrapolación esotérica de paradigmas como la revisión del pasado, el perdón y los trabajos de reconstrucción del tejido social a causa de fracturas creadas por dictaduras y violaciones graves a los derechos humanos nos puede enseñar algo. ¿Todes les incolucrades en la delincuencia organizada tienen el mismo grado y nivel de responsabilidad? Excepciones en el castigo masivo a cambio de castigos ejemplares, ciertos perdones y una reconstrucción de la sociedad ¿serían viables? Si la droga se legaliza ¿podríamos liberar a traficantes menores? El Licenciado cree que la sútil (pero muy significativa) diferencia entre esto y lo que les gringues llaman "pactar con el narco" es la fuente de la decisión. Una revisión a nuestro modelo y fuentes de inspiración para el castigo -casi que desde una perspectiva filosófica-  es más pertinente que nunca. Es una cosa necesaria, al menos, en términos de razonabilidad.
Aviso antimotines: si es que este post llegara a les ojes de alguien, no es poco probable que ese alguien sea un leíde e instruide lectur. Ese ser casi mitológico -es decir, le lectur- seguramente encontrará el origen de nuestros disparates en una mezcla sin pudor de varias lecturas (Nino, Brewer-Carías, Zalaquett, Desmod Tutu y otros), según reportan, el Licenciado no ha querido mancillar la memoría ni las perspectivas de estos figurones.