
Para que Ud., queride lectur, esté en mejores condiciones de asimilar los balbuseos intelectuales del Licenciado, se desarrollan de forma preliminar algunos disparates:
Primero, hay (como en todo el derecho) un asunto de (potencial) manejo perverso del lenguaje, así como una altísima impregnación de ideología en el discurso estatal. En nuestro país se dice: esto no puede ser legalizado bajo ninguna razón (las drogas), pero conductas y productos otrora prohibidos o no reconocidos (extralegales, ilegales o alegales) ahora sí pueden ser lícitos (transgénicos, por ejemplo). Desde la distorcionada y maltratada perspectiva del Licenciado (la Licenciada aquí si marca su distancia), el argumento es circular y no hay ninguna razón (en términos de estructura formal lógica) por la cuál no sea posible despenalizar las drogas. La falacia argumentativa cae sobre nosotros, no se puede legalizar porque es malo, es malo porque es ilegal y dado que es ilegal, así se tendrá que quedar. Sofismo puro.

Tercero, se cruzan contradicciones maniqueas, todo en el afán de tener la razón frente a la opinión pública (lo que sea que esa cosa signifique). Esto, a su vez, se traduce en un axioma: si no estás de acuerdo con la matazón discrecional de "delincuentes", estás a favor de los narcos.

Desahogados los argumentos de mérito en la confesional anterior, resulta que en un ataque de imprudencia, el Licenciado quiere hacer públicas tres ocurrencias -precandidatas a ideas- que tienen un tufo de autoinculpatorias que ¡ah jijo! También en esto la Licenciada ha guardado distancia, a causa del prestigio que quiere proteger.
Aquí nuestra blasfemia trilógica (persecución selectiva, despenalización y perdón social), expresada en piel de pliego petitorio:
UNO: claridad, ¡por favor! Un poco de claridad en lo que queremos combatir no le haría daño a nadie. Del narco, lo que más nos fastidia es el conjunto de externalidades negativas asociadas a la conducta principal de la compra y venta de droga. Es decir, la corrupción que genera en autoridades y agentes públicos involucrados en tareas de aduanas, control del tráfico de mercancías, aeropuertos, prevención, etc. (y esto deviene del poder que da una sustancia altamente cotizada en el mercado negro de la economía más poderosa del mundo).

¿Cuál es el punto, dirá Ud., estimadísime lectur? Primero, que no es la "simple" ilegalidad lo que la sociedad censura, sino la violencia. Lo que el Licenciado se pregunta es qué le encargamos al derecho penal y a la persecución represiva del Estado (que atraviesa el uso de la violencia estatal), pero, sobre todo... a cambio de qué. Dónde está la evidencia de los costos en salud, por ejemplo, que nos permita identificar cuál es el bien superior que estamos protegiendo a cambio de crear un caldo de cultivo para la violencia.
La cosa no es utilitariasta (¡¡te odiamos Bentham, te odiamos!!) pero ya de menos que alguien demuestre que la lucha contra el narcotráfico ha salvado más vidas que las muertes que ha ocasionado o que los gastos en salud pública evitados por el retiro de cierta cantidad de droga del mercado son más altos que el dinero invertido en la guerra fallida. O que después de la cruzada para limpiar las instituciones, estas no fueron infiltradas a mayor escala.
DOS: consistencia, ¡¡por favor!! Un poco de consistencia en el discurso, mezclada con la claridad antes descrita daría elementos más atendibles o menos despreciables de la posición de les "prohibicionistas excluyentes" (término con licencia comunitarista, titularidad del Licenciado). Un ejemplo. Durante 2010 y 2011, los militares pidieron reformar la Constitución para permitirles hacer tareas de seguridad pública, mantener el fuero de guerra -aún en tiempos de paz- y un régimen especial que entienda que las violaciones a los derechos humanos son parte del costo que hay que pagar por esta lucha. La posición era muy sencilla, para no seguir violando la Ley, mejor modifíquenla. El Licenciado propone lo mismo, pero en otro sentido: DESPENALICEN.
Y esto si que urge discutirlo seriamente, ya. No vaya a ser que dentro de pronto, personas que allá en gringolandia sean honorablus contribuyentus del fisco, acá sean tratades como escoria social.

¿Somos retribucionistas? ¿Es el castigo por el castigo? Vale la pena preguntarse si una extrapolación esotérica de paradigmas como la revisión del pasado, el perdón y los trabajos de reconstrucción del tejido social a causa de fracturas creadas por dictaduras y violaciones graves a los derechos humanos nos puede enseñar algo. ¿Todes les incolucrades en la delincuencia organizada tienen el mismo grado y nivel de responsabilidad? Excepciones en el castigo masivo a cambio de castigos ejemplares, ciertos perdones y una reconstrucción de la sociedad ¿serían viables? Si la droga se legaliza ¿podríamos liberar a traficantes menores? El Licenciado cree que la sútil (pero muy significativa) diferencia entre esto y lo que les gringues llaman "pactar con el narco" es la fuente de la decisión. Una revisión a nuestro modelo y fuentes de inspiración para el castigo -casi que desde una perspectiva filosófica- es más pertinente que nunca. Es una cosa necesaria, al menos, en términos de razonabilidad.
Aviso antimotines: si es que este post llegara a les ojes de alguien, no es poco probable que ese alguien sea un leíde e instruide lectur. Ese ser casi mitológico -es decir, le lectur- seguramente encontrará el origen de nuestros disparates en una mezcla sin pudor de varias lecturas (Nino, Brewer-Carías, Zalaquett, Desmod Tutu y otros), según reportan, el Licenciado no ha querido mancillar la memoría ni las perspectivas de estos figurones.